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IAPI: Una política de comercio exterior soberana. A propósito de Vicentin

Por Dionela Guidi

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El anuncio por parte del gobierno nacional de intervenir la empresa Vicentin tras un escandaloso proceso de endeudamiento y quiebra,  y de enviar al parlamento un proyecto para su expropiación abrió una posibilidad histórica de intervenir en el comercio exterior de granos, actividad central en la generación de divisas para el país y un drama nodal a través del cual orbita gran parte de las tensiones políticas y económicas entre los distintos proyectos de país en pugna. La puja alrededor de qué sectores se apropian de la mayor porción de la riqueza que genera el sector agrario argentino es un conflicto teñido de sangre, fundamentalmente del campo nacional que sufrió las embestidas de “los dueños de todas las cosas”.

Las idas y vueltas en el proceso judicial, la presión corporativa del sector agrario y de sus vasallos políticos, y un endeble poder de iniciativa del gobierno fueron diluyendo las expectativas de la participación estatal y gubernamental en los destinos de la empresa y de su rol en el desarrollo de la economía. Existen proyectos alternativos en la mesa de negociación entre el gobierno, la justicia y los privados, pero el foco fue virando de gesta nacional a objetivos más modestos como la conservación de la empresa en manos “argentinas”.

En este sentido traemos a la memoria la experiencia del IAPI durante los dos primeros gobiernos peronistas, ya que entendemos que puede servir como norte a partir del cual trazar una política estratégica de recuperación de soberanía en el comercio exterior. Vicentin puede ser un buen primer paso en esta materia, si viene a enmarcarse en un proyecto de Nación y no en el mero salvataje con dinero público de desfalcos privados.

El Instituto Argentino de Promoción e Intercambio fundado el 28 de mayo de 1946 fue el organismo más relevante creado por el gobierno peronista para el control del comercio exterior. Celso Furtado se refirió al IAPI como “el intento más amplio que se haya hecho jamás en América Latina de poner las exportaciones bajo el control del Estado”. (Galasso, 2006: 447)

El organismo nació con la misión de intervenir el sector exportador del comercio de cereales, carnes y oleaginosas, que hasta ese momento se hallaba controlado por consorcios extranjeros, únicos compradores de nuestra producción. Con la creación del IAPI, el Estado pasó a monopolizar el comercio exterior. De esta forma fijó precios, realizó compras para el mercado interno y vendió en el plano internacional. El IAPI se convirtió en el único comprador de las cosechas de cereales y oleaginosas y el vendedor en algunos casos exclusivo de estos productos en el mercado internacional. Asimismo, intervenía como comprador de los productos que se importaban.

Mientras el consorcio extranjero generaba para sí enormes ganancias, los productores locales recibían una escueta paga por su producto y la inmensa mayoría de los argentinos no tenían acceso al pan. Menciona Antonio Cafiero: “La servidumbre del colono comenzaba por la entrega de su producción a un acopiador de campaña, quien generalmente era también propietario del almacén de ramos generales de la zona. De este había obtenido, previamente, el dinero necesario para sus gastos de siembra, recolección, compra y reparación de bienes de labranza, etc, y los medios de subsistencia para la propia familia (…)  La “pesada” en las balanzas y el calado de las bolsas para formar muestras de la mercadería que entregaba al acopiador para determinar su cantidad y calidad era operaciones que veía realizar impávidamente, así fueran en la liquidación que se le hacía partes sustanciales de su legítimo derecho. La fijación del precio quedaba a merced de las oscilaciones de los respectivos mercados, cuyo manejo ignoraba, cuando no se veía obligado a percibir nada más que un anticipo- sobre el cual pagaba intereses- a la espera de la fijación definitiva del mismo. Los  pagos en especie y los fraudes a través de manipuleos de las famosas “libretas”, que contabilizaban los propios acopiadores constituían el eslabón final de la sutil cadena que lo envolvía, remachada por los precios del arrendamiento impuesto por el terrateniente. Sobre esta servidumbre, de características medievales, sentaba su poder el monopolio. La comercialización de las cosechas argentinas se constituyó en fuente de pingües beneficios para intermediarios. Desde los acopiadores de campaña, pasando por los corredores, comisionistas y especuladores de cereales hasta llegar a los exportadores, circulaba la principal riqueza argentina dejando en cada etapa partes sustanciales del fruto de los esfuerzos de los productores. Un sistema comercial de crudo capitalismo y un complejo de prácticas abusivas y desleales succionaban implacablemente tanto la economía del productor como la del país”. El autor retoma a Lucio Moreno Quintana cuando dice: “180.000 productores eran expoliados por 3.000 acopiadores cuyo negocio dependía de cincuenta firmas exportadoras”. Continúa Cafiero: “Las “cincuenta” firmas exportadoras que menciona Moreno Quintana eran en la práctica, solamente cuatro”. (Cafiero, 1974: 171-172)

Con la “práctica” Cafiero argumenta que sólo cuatro firmas controlaban casi el 90% de la exportación: Bunge & Born, Luis Dreyfus, La Plata Cereal y Louis De Ridder. Dijo Perón al respecto del rol de los intermediarios: “El sector intermediario era un tumor que estaba allí, absorbiendo la mayor parte de  la vida de todos los demás tejidos de la economía argentina (…) Cortamos eso, sacamos el tumor y pusimos la cánula: la cánula ahora es el IAPI”. (Galasso, 2006: 448)

 A través del IAPI, el Estado pasó a garantizar a los productores un precio aceptable por sus productos, a la vez que subsidió alimentos de la canasta familiar y obtuvo los mejores ingresos de la venta internacional. Al mismo tiempo realizó transferencias de ingresos para el desarrollo industrial. Menciona Fermín Chávez: “En su actuación como único comprador con los precios fijados por el Estado, y luego de cubrir las necesidades del consumo interno, realizaba la venta de los saldos exportables, negociando con los representantes de las entidades estatales de gobiernos compradores, coexistiendo también un sistema privado, que se manejaba comprándole al IAPI los exportadores particulares para luego exportar a los mercados de destino. La compra a los productores y su posterior venta dejaba a este organismo buenas ganancias que antes usufructuaban las firmas que canalizaban estas operaciones, entre ellas Bunge y Born Ltda, Luis Dreyfus y Cía, La Plata Cereal y Louis de Ridder Ltda., que entre ellas operaban más del 80% de las exportaciones de cereales”. (Chávez, et. al., 1993:85)

En consecuencia, la creación del IAPI se complementó con otras medidas orientadas en el mismo sentido que otorgaban el carácter integral a la política de control del comercio exterior de granos.

La puesta en marcha de este instituto se insertaba en un proyecto más amplio de recuperación de soberanía, de nacionalización de la economía con justicia social. Argumenta Norberto Galasso “Este instrumento, montado para lograr una fuerte transferencia de ingresos desde el sector agropecuario al Estado, a la industria y a los trabajadores, se halla orquestado con varias medidas dirigidas a asegurar una remuneración justa al pequeño productor, así como extraer esa parte de renta diferencial especialmente a los consorcios cerealistas, a intermediarios financieros y a los terratenientes(…)Para esa apropiación de gran parte de la renta diferencial, el Estado controla el comercio exterior – a través del IAPI- pero asimismo debe monopolizar el manejo de las divisas y aplicar la paridad bancaria necesaria para esta política, operaciones para las cuales cuenta con el Banco Central nacionalizado ”. (Galasso, 2006: 448-449)

Sostuvo Perón al enumerar las políticas que contribuyeron a una redistribución más justa del agro argentino: “Cuando yo me hice cargo del gobierno, el trigo se pagaba 6 pesos el quintal y cuando dejé el gobierno el trigo se pagaba 60 pesos el quintal. Hubo chacareros que  compraron el campo con el beneficio de una sola cosecha. Se realizó, a pesar de lo que muchos niegan, una reforma agraria que en el primer Plan Quinquenal, entregó medio millón de hectáreas de propiedad y deberían haberse entregado un millón de hectáreas en el segundo Plan Quinquenal”. (Perón en Solanas, Getino, 1971: S/m de pág)

Además de los beneficios que implicaban para el productor la intervención del IAPI, éste contaba con un sistema crediticio ágil y completo motorizado por el Banco de la Nación Argentina, que lo liberaba del tutelaje de la intermediación financiera. (Cafiero, 1974) La creación del tractor “Pampa” y del Rastrojero  implicó una modernización del trabajo agropecuario con inteligencia nacional.

El IAPI fue asumiendo variados y diversos roles ajustados a las necesidades del desarrollo nacional. Como ya mencionamos, como organismo comercial fue quien monopolizó la adquisición de las cosechas, estableciendo los precios  con suficiente antelación en relación a los costos de producción. De esta manera se protegió al productor de los vaivenes del mercado y absorbió las diferencias que se producían al efectivizar las ventas en el ámbito internacional.

Asimismo, negoció con los distintos gobiernos extranjeros la colocación de esos productos, creando diferentes instrumentos que promovían y protegían los términos y los montos de tales ventas.

Además, estuvo encargado de la compra de bienes de capital para promover la industria local. En aspecto sostiene Mario Rapoport: “A medida que la política económica peronista fue profundizando hacia un modelo económico nacional-distribuicionista, el IAPI fue adquiriendo otras funciones distintas. En el ámbito interno otorgaba fondos a las diversas reparticiones y entes públicos destinados a la compra de bienes de capital, operando como un verdadero organismo financiero. En esta función cumplió un papel muy importante al participar en la nacionalización de empresas y en la compra de bienes de capital para diversos emprendimientos estatales. En el ámbito externo, y con el objetivo de expandir el comercio exterior, el IAPI otorgó financiamiento a otros países para que pudieran comprar en el mercado argentino especialmente productos alimentarios. También adelantó fondos a astilleros europeos para la construcción de embarcaciones de pasajeros y de carnes refrigeradas”. (Rapoport, 2012: 357)

En este rol de “pivote” como lo denomina Antonio Cafiero, fue un factor crucial para la adquisición de los ferrocarriles controlados por británicos y franceses, la Unión Telefónica, buques para la Flota Mercante, la construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia – Buenos Aires, obras para Gas del Estado además de escuelas y fábricas entre otras muchas inversiones. (Cafiero, 1974)

Fiel a los principios de  la Comunidad Organizada, a partir de 1953 comenzó a ejecutar acciones  para realizar el traspaso de las actividades comerciales controladas por el IAPI a las cooperativas de productores agrarios: “Solamente habremos de decir que si las cooperativas agrarias comercializaban tan solo el 28% de la producción de cereales argentina, en los años anteriores a la campaña agrícola 1953-1953, a partir de ésta fueron extendiéndose rápidamente en todo el campo argentino, a punto tal que en la cosecha 1954-1955 el porcentaje del comercio agrícola realizado por cooperativas llegó al 51,4% (…) los propios productores asociados habrían de ser los únicos distribuidores- desde la chacra hasta el puerto de importación extranjero- de esta riqueza argentina”. (Cafiero, 1974: 181)

 Vale mencionar los esfuerzos que ya se venían realizando desde la revolución del ’43 como antecedentes del IAPI, orientados a suprimir el control del capital extranjero dentro del mercado de granos. Señala Fermín Chávez “como antecedente del IAPI, justo es recordar el Decreto 10.107/44 que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el uso de elevadores de granos, cargadores, galpones, etc y otras dependencias de los puertos susceptibles a ser utilizadas para el almacenamiento y embarque de granos, declarándose la caducidad de los arrendamientos y cesiones, disponiéndose que su explotación quedaría reservada a la Comisión de Granos y Elevadores. Con el dictado de dicho decreto, culminó el privilegio de algunas firmas exportadoras, que abonaban precios ínfimos por locaciones de estas instalaciones y cobraban altísimos alquileres a la Junta Reguladora de Granos por el depósito que se realizaba de los mismos”. (Chávez, ed.al., 1993: 84) Durante este periodo también se congelaron los arrendamientos, medida que favoreció a los locatarios de los campos, así como la sanción del Estatuto del Peón Rural que protegía al eslabón más débil del trabajo agropecuario.

Como sostuvo Cafiero: “No solo era necesario regular, orientar y dirigir la política comercial agraria, en sus aspectos internos y externos, sino que además era fundamental disponer de los recursos y medios necesarios para realizar una política de nacionalización y ampliación de los servicios públicos, de fomento de la industrialización, de regulación del mercado interno en función de la política social en marcha, de centralización de las compras e inversiones que se aprestaban a realizar casi todas las reparticiones y empresas de Estado, las Provincias y los municipios”. (Cafiero, 1974:178)

La suerte del IAPI estuvo echada producido el golpe de la “fusiladora” en 1955, quien lo disolvió apenas tomó el poder. El retorno a las banderas de “libre mercado” terminó esta experiencia soberana que se había ganado un odio particular entre los sectores más concentrados del campo y la oposición liberal que derramó sobre el instituto todo tipo de denuncias infundadas  de corrupción. Dice Alejandro Tarruela: “Reynaldo Pastor, diputado puntano por el partido conservador exponía las razones del libre comercio mientras que  Silvano Santander, diputado radical, fabulador que debió reconocer en algún momento que urdía argumentos de sus imaginerías, dijo en el Parlamento dónde conducía sus ataques al IAPI: “cuál ha sido el criterio económico, financiero, comercial y jurídico del IAPI en su acción monopolizadora como importador y exportador”. El General Lonardi se lo respondería al justificar en el golpe de 1955, la disolución del organismo y afirmar que se había caracterizado no sólo por una desacertada gestión comercial y financiera, sino por constantes e injustificadas intervenciones en distintos aspectos de la actividad económica. Se retornaba así al ideario liberal del libre comercio (…)”. (Tarruela, 2012: 309) 

A propósito de esta revancha corporativa, Cafiero sostiene: “Ninguna de las instituciones y sistemas creados para ejecutar el programa de independencia económica abordado por el gobierno peronista ha sufrido más ataques ni diatribas que el IAPI. Desde los viejos monopolios de importación y exportación que de antiguo han actuado con impunidad en el comercio exterior argentino, pasando por las enfáticas afirmaciones de los sirvientes de los monopolios, hasta llegar a las voces interesadas de los clientes exteriores del país, un coro ha anatematizado las funciones y la acción desplegada por el IAPI en los tonos y con los argumentos más variados, muchos de ellos colindantes con la procacidad”. (Cafiero, 1974:179)

La Argentina exportó en el último año 100 millones de toneladas de granos y subproductos por un volumen de US$ 28.500 millones. Solo 10 firmas controlan el 91% de la venta de granos al exterior. Veamos algunas firmas extranjeras que controlan  casi el 50% de la comercialización: China Nationals Cereals, Oil &Foodstuffs comercializa el 15% de las ventas equivalente a 14,2 millones de toneladas. Luego, encontramos a Cargill que concentra el 12% de las operaciones de venta por 11,9 millones de toneladas. Continúa la lista Archer Daniels Midland con el 11% y Bunge con el 9%.

Vicentin y Aceitera General Deheza, empresas con estrechos vínculos con el capital extranjero, realizaron aproximadamente el 9% de la comercialización cada una, con 8,7 y 8,4 millones de toneladas respectivamente. Las principales compañías manejan además los puertos y terminales de embarque. 18 de las 22 terminales habilitadas se encuentran ubicadas en el Gran Rosario. (Martínez ,2020)

La posible expropiación de Vicentin, llevada a la quiebra por las maniobras espurias de sus propietarios realizados con el aval de la gestión Cambiemos, languidecida en los últimos días por la confrontación del conglomerado de la elite rural, la oposición política y los medios de comunicación afines a estos intereses, sumada a la falta de organización y estrategia en materia económica por parte del gobierno nacional, parece abortar una oportunidad sustancial para volver a enarbolar un proyecto de país acorde a las prioridades que urgen a la Argentina, al borde de una profunda crisis económica y social. Un proyecto de país que comprenda al agro como impulsor de una economía más justa y más fortalecida. Que contribuya al desarrollo de quienes trabajan el campo y no del capital extranjero que controla los precios de sus productos, su comercialización y remisión de la riqueza del trabajo argentino a sus casas matrices,  ni de los intermediarios que funcionan como apéndice de esas corporaciones. Sostiene Aldo Ferrer en este sentido: “¿es el campo argentino un segmento del mercado mundial o un sector fundamental de la economía nacional? Además ¿la asignación de recursos la determina el mercado mundial o, en cambio, refleja la estrategia de desarrollo argentina? Las únicas respuestas compatibles con el despliegue del potencial productivo son que el campo es, en primer lugar, una actividad fundamental de la economía nacional y luego, que la estructura productiva debe ser el resultado de nuestra propia decisión”. (Ferrer, 2009: 99)

Si el Estado decidiera tomar las riendas de la principal actividad que generadora de divisas, además de que la ganancia de nuestra tierra bendecida y de su usufructo moldeado por el trabajo quedara en el país,  lograría intervenir en la fijación de precios de la  compra de los granos y de sus valores de venta en el mercado interno, pudiendo incidir en el precio local de la harina y el pan, entre otros productos de consumo básico local. Misiones que lo emparentarían con las delegadas en el IAPI aunque de menor magnitud que este último, ya que  entre otras cuestiones implicó la nacionalización del comercio exterior.

Como también pudimos observar, la creación del IAPI funcionó en consonancia con otro conjunto de medidas económicas y sociales que sirvieron de motor para la revolución justicialista.  En la actualidad, son pocos los elementos estratégicos que permitan vislumbrar un trazado político en pos de la construcción de una nación bajo las tres banderas que rigieron al peronismo histórico. En la medida que el pueblo organizado a través de las instituciones intermedias de la comunidad  no le exija a la dirigencia política el cumplimiento de un programa en sintonía con los intereses nacionales, seguiremos naufragando en los dimes y diretes de los avatares de la coyuntura. Como sucedió en el pasado, las mayorías no dudaron en acompañar y dar su vida bajo el liderazgo de Perón, único intérprete de una canción cuya partitura creó el pueblo. Siempre estamos a tiempo, como cantó Zitarrosa “no hay nada más sin apuro, que un pueblo haciendo la historia”.

 

 

Bibliografía

 

El siguiente espacio busca realizar aportes a la construcción de una sociología e historia en clave nacional-popular y Latinoamericana, que contribuya a la liberación nacional

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